Desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró un estado de excepción, el territorio cuzcatleco encendió los focos rojos en la lucha contra las pandillas y los grupos del crimen organizado. Personas pertenecientes a las “maras” han sido detenidos solo por el hecho de encontrar una relación con las pandillas.
El 10 de enero de 2023, autoridades salvadoreñas comunicaron la detención del presunto pandillero identificado como Alexander Vladimir Hernández, alias Servero, quien fue acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha o MS-13. El hombre, de edad no confirmada, viajaba al interior de un ataúd sobre la parte superior de un automóvil. Su cómplices intentaban sacarlo del país.
Alexander fingía ser un cadáver para poder salir del país, mientras que sus compañeros eran los dolientes que transportaban el supuesto cuerpo al exterior del país para que pudiera escapar de la justicia. Sin embargo, al pasar por un dispositivo de control vehicular, sus esfuerzos por engañar a las autoridades fueron en vano.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, confirmó la detención del presunto pandillero en sus redes sociales. De la misma manera, dio informe de la captura de Walter Yubine Zelaya Lemus y Rafael Alexander Juárez, quienes eran colaboradores de Alexander.
Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia.
Mediante un dispositivo de control vehicular se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd. pic.twitter.com/HbnOWkdKR4
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) January 10, 2023
Según los reportes, los arrestos tuvieron lugar cerca de la ciudad de Chalchuapa, Santa Ana, aproximadamente a 80 kilómetros de San Salvador. Los presuntos pandilleros, como muchos otros, buscaban cruzar las fronteras para llegar a Guatemala o Honduras y librarse de los operativos que mantiene el Estado sobre los integrantes de la mara Salvatrucha.
No pueden, ni podrán burlar la justicia salvadoreña. Sepan que estamos persiguiendo a todo aquel delincuente que tenga cuentas que pagar ante la ley. Los vamos a extraer desde cualquier ‘escondite’.
—Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
Más de 60 mil sospechosos de pertenecer a una pandilla han sido detenidos y llevados a prisiones, incluidos menores de edad, con condenas que pueden ir de los 10 a los 45 años. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watchers han señalado violaciones a los derechos humanos en las detenciones y procesamiento de los presuntos delincuentes.
