Quizá estemos acostumbrados a las series televisivas en las que los incorruptibles agentes de la ley buscan evidencias incansablemente y resuelven crímenes sin falla, atrapando siempre al culpable y poniéndolo tras las rejas. Por eso es bastante decepcionante cuando nos enteramos de que una de las causas más comunes de los veredictos erróneos son ineptitud o conductas inapropiadas o deshonestas, pero aun así, los agentes rara vez son castigados y frecuentemente reciben felicitaciones por sus “resultados”. Sin embargo, en el caso del detective Scott Moore, principal responsable del injusto encarcelamiento por 20 años de Roger “Dean” Gillipsie, hay pocas posibilidades de que aplaudan sus acciones.
Gillipsie, de 57 años, fue condenado en 1991 a pasar entre 22 y 56 años en prisión por crímenes de violación, secuestro y robo ocurridos en 1988. El hombre lleva más de 30 años clamando su inocencia y el 21 de noviembre de 2022 le dieron 45 millones de dólares en compensación por su injusto encierro que duró más de 20 años, confirmando legalmente lo que el hombre condenado por los atroces crímenes sostuvo desde el primer día y hasta hoy: siempre fue inocente y le jugaron chueco.
Retribución millonaria
En diciembre de 2021, un juez del condado de Montgomery declaró formalmente a Roger “Dean” Gillipsie un individuo encarcelado injustamente, lo que permitió que empezara un juicio civil contra el Departamento de Policía del municipio de Miami (MTPD) y contra el principal culpable de que el proceso en su contra fuera llevado a cabo incorrectamente, o sea, el detective Scott Moore.
Según se ha reportado, los 45 millones de dólares que se le adjudicaron al hombre injustamente convicto son la más grande suma de dinero jamás alcanzada en un veredicto por mala conducta policial en el estado de Ohio. Además, son un soplo de aire fresco para Gillipsie, pues dice que su familia estaba enterrada en deudas luego de décadas de financiar una defensa legal para demostrar su inocencia, lo que nunca debió ser necesario en primer lugar.
Investigación amañada
El proceso de identificación de perpetradores llevado a cabo incorrectamente por Moore sobre tres instancias criminales ocurridas dos años antes de las pesquisas desembocó en la captura y condena de Gillipsie en 1991. El trabajo de identificación ha sido descrito como “inadecuado y muy contaminado”. Según parece, el detective tomó las riendas de los casos en 1990 y al contactar a las víctimas y testigos, les mostró las fotos de Gillipsie de una forma distinta a las demás: se las acercó más y las presentó con un acabado mate, lo que parece haber inducido a los testigos a identificar al hombre inocente. Además, su descripción no encajaba con la dada por las víctimas durante sus primeras declaraciones justo después de los ataques.
Luego de tenerlo agarrado, los impartidores de justicia ocultaron información que podría haber llevado a la exoneración de Gillipsie durante su juicio. Por ejemplo, no presentaron el testimonio de los oficiales Steven Fritz y Garyl Bailey, quienes investigaron en primera instancia el caso y habían eliminado al acusado de la lista de sospechosos debido a que tenía una coartada que lo ubicaba en Kentucky en vez de Ohio durante dos de las violaciones de las que se le acusaba. Sin duda, deshacerse de esas evidencias constituye lo que se denomina “violaciones Brady”, que se refieren a situaciones en las que el estado no provee evidencia potencialmente exculpadora a la defensa. Además, Moore influyó en los testigos mintiendo sobre el pasado de Gillipsie y diciéndoles que “se veía distinto en la corte porque pintó su cabello para engañarles”.
La tercera es la vencida
El juez magistrado de distrito estadounidense Michael Merz dijo que no hubo evidencia física que conectara a Gillipsie con los crímenes. Además, el director del Proyecto Inocencia de Ohio, Mark Godsey, agregó que el horror infringido a este y su familia es prácticamente inconcebible, pues las autoridades forzaron su condena y no admitieron sus errores. Por su parte, Roger Gillipsie recalca que este veredicto es la tercera vez que se prueba su inocencia, refiriéndose al primer juicio, donde se le condenó con pruebas insuficientes y a un segundo juicio que solicitó desde 2008 y que mostró nuevas evidencias y reportes policiales que no habían sido considerados inicialmente.
Solo soy una de las 3199 personas a quienes les ha ocurrido esto en Estados Unidos y entre todos hemos pasado encarcelados 28 mil años combinados por crímenes que no cometimos. Esto debe parar, este sistema de justicia debe arreglarse para evitar que siga ocurriendo.
